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¿Has pagado de más por tu coche comprado entre 2006 y 2013? Quizá puedes reclamar

Thu, 04 Nov 2021 19:07:14 GMT

El pasado 23 de julio de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió una resolución en la que se demostraba que la mayoría de vendedores de coches en España habían infringido las leyes de competencia , intercambiando entre ellos información comercialmente sensible.

Concretamente, gracias a esta información sensible, los vendedores dejaban de realizar ciertos descuentos de forma coordinada, que de otro modo se hubiesen realizado, encareciendo en la práctica el precio del coche . Este sobreprecio se cargó en prácticamente todas las marcas de coches , (más del 90% del mercado automovilístico), durante los meses de febrero de 2006 y julio de 2013 , en unos concesionarios concretos.

Dicha resolución ha sido confirmada y declarada firme por el Tribunal Supremo, por lo que ahora los consumidores afectados pueden reclamar este importe a los Tribunales, que oscila entre un 10% y un 20% del precio que se pagó en su momento por el coche.

Se incluyen además tanto las compras de coches de ocasión o de Km. 0 afectados, como las reparaciones realizadas en servicios post venda, que también podrían estar afectadas por estos sobreprecios.

Para poder interponer la reclamación necesitas tener documentación que demuestre que compraste un vehículo afectado por el cartel. Es decir, sería conveniente aportar la factura de compra, la ficha técnica del vehículo, el contrato de compraventa del coche y las facturas de las reparaciones realizadas.

Gracias al hecho de que hay una resolución ya firme de la CNMC, que declara la existencia del cártel, el procedimiento judicial tan solo se centrará en discutir el importe de los daños causados.

Esta cifra es difícil de cuantificar, ya que no es fácil realizar una estimación de cuánto hubiese sido el precio del coche si se hubiesen respetado las leyes de la competencia y se hubiesen aplicado descuentos comerciales con normalidad.

Precisamente por ese motivo es crucial dedicar a cada caso una atención personalizada, porque deberá realizarse un análisis caso por caso de la indemnización a cobrar, con la ayuda de un buen informe pericial. En LEGALAID queremos ayudarte a reclamar lo que es tuyo, ponte en contacto con nosotros y estudiaremos tu caso de forma totalmente gratuita y sin compromiso, y en caso de que puedas reclamar te ayudaremos a recuperar tu dinero.

Anna Compte

LEGALAID

Ayuda extraordinaria para personas trabajadoras afectadas por un ERTE derivado de la COVID-19

183:825517143 (Xavier Saula Adell) — Tue, 06 Jul 2021 18:43:44 GMT

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Pensión de alimentos e hijos mayores de edad

Thu, 08 Oct 2020 08:38:45 GMT

La pensión de alimentos a favor de los hijos, en los procedimientos de separación judicial o divorcio, se define como la obligación del abonar una cantidad de dinero para hacer frente a los gastos ordinarios derivados de la crianza de los mismos.

Su cuantía y forma de pago puede ser acordada de mutuo acuerdo a través del convenio regulador o impuesta por una sentencia en procedimientos contenciosos.

Pero, ¿qué ocurre con la pensión de alimentos cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad?

Casos concretos limitados por los Tribunales en pensión de alimentos

Como regla general la pensión de alimentos no finaliza cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, sino que se extingue cuando estos alcanzan independencia económica, pero en casos concretos nuestros Tribunales han limitado la perennidad de la pensión cuando los hijos mayores de edad no tengan recursos económicos propios en los siguientes supuestos:

– Cuando el aprovechamiento de los estudios es mínimo: siempre que pueda demostrarse de manera objetiva un desinterés en los estudios o un tiempo excesivamente largo para acabarlos (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de febrero de 2001, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 10 de Abril de 2003 y Sentencia de la Audiencia Provincial Guadalajara de 09 de julio de 2004, entre otras).

– Cuando el hijo no estudie ni trabaje por propia voluntad (Sentencia Audiencia Provincial de Madrid de 18 de marzo de 2014, Sentencia Audiencia Provincial de Murcia de 26 Junio 2019, entre otras).

– La incorporación al mundo laboral temporal con cierta continuidad (Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de junio de 2015, Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 09 de junio de 2015, Sentencia Audiencia Provincial de Tarragona de 05 de mayo de 2015).

– Por nula relación personal entre progenitor e hijos siempre que la falta de relación sea exclusivamente imputable al hijo mayor de edad. En este último punto cabe hacer mención a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019 en la que se analiza la posibilidad de extinguir la pensión en supuestos de desapego por parte de hijos mayores de edad.

En todos estos casos, se tendrá que analizar la cuestión concreta y ponderar entre el derecho de los hijos a seguir recibiendo una pensión de alimentos mientras continúan con su formación académica o realizan trabajos temporales, pero sin permitir que se acomoden a percibir dicha pensión indefinidamente.

Elisabet Gratti
elisabet@aurisadvocats.com

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Civil, Divorcios
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Los padres separados y el estado de alarma

Tue, 28 Apr 2020 11:00:41 GMT

Una juez del municipio madrileño de Alcorcón ha dictaminado que durante la aplicación del estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus «no es posible el traslado» de padres separados para ejercer el régimen de visitas, ya que no se ha incluido este supuesto en el decreto aprobado por el Gobierno el pasado sábado.

Pero RDL 463/2020 de 14 de Mayo, establece en su artículo 7, apartado e), que durante la vigencia del Estado de Alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público, para la realización de las siguientes actividades: la asistencia y cuidado de mayores, menores, personas dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Quedando incluidos los menores en esta disposición es evidente que el desarrollo de custodias compartidas y régimen de visitas no se ven afectados por las limitaciones de circulación en vigor, y por lo tanto han de seguirse con los regímenes establecidos en las resoluciones judiciales, Sentencias y/o Autos de medidas provisionales.

A partir de aquí lo que se pide es sentido común y acuerdos entre progenitores en beneficio de la sociedad y los menores puesto que la situación que vivimos como sociedad es excepcional, y en muchas familias pueden darse también casos excepcionales donde los regímenes de visitas o custodias compartidas como excepcionalidad no puedan cumplirse: convivencia con personas mayores o vulnerables a COVID-19, desplazamientos largos en trasporte público de una residencia a otra, regímenes de visitas que se cumplían en parques, bares… y que ahora no puedan cumplirse, etc.

En caso que los regímenes de visitas tengan que suspenderse por las situaciones excepcionales comentadas anteriormente los progenitores no custodios pueden acompañar igualmente a sus hijos en multitud de tareas cotidianas a través de videoconferencias (realizar tareas escolares, explicar cuentos, juegos, etc..) para que toda la situación se haga más llevadera para el menor.

Asimismo, no debemos olvidar otra cuestión que es el coste económico que supone tener a los menores en casa en los tiempos que corresponde al otro o simplemente en los tiempos que correspondería que estuvieran en la escuela (comedor escolar) y que ahora están en casa de uno de los padres separados. Todo ello son cuestiones que deberían abordarse a través del diálogo y del consenso.

Finalmente, ante la suspensión de todas las actuaciones procesales, salvo las de extrema urgencia, en caso de imposibilidad de alcanzar acuerdos con el otro progenitor, se puede recurrir a la adopción de medidas de protección del menor previstas en el artículo 236.3 del Código Civil de Catalunya/art.158 del Código Civil(Disposición Adicional Segunda 3.d) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) con el fin de evitarle cualquier perjuicio personal.

Arrendamientos de locales: efectos del coronavirus

Tue, 28 Apr 2020 10:59:02 GMT

Estos días, a causa de la situación extraordinaria de fuerza mayor y de excepcionalidad sanitaria, económica y social en la que nos encontramos como consecuencia del virus COVID-19 y las medidas de restricción de movimientos y actividades derivadas del Estado de Alarma declarado por el Gobierno el pasado 14 de marzo de 2020, muchas empresas se están viendo obligadas a tomar medidas para intentar salvaguardar sus negocios.

Algunas de estas medidas vienen proporcionadas por el Gobierno, pero no todo lo que se está aprobando sirve para cualquier destinatario y también hay materias en las que no existen regulaciones. Una materia que ha despertado mucho interés es que sucede con los arrendamientos de los locales de negocio; cuestionándonos qué sucede en aquellos locales cerrados por decreto gubernamental, sin posibilidad de realizar actividad alguna en el mismo, y con un contrato de arrendamiento que cumplir y una renta mensual que hay que pagar.

La primera obligación de un abogado es buscar una solución en el contrato de arrendamiento firmado entre las partes pero los hechos acontecidos son realmente imprevisibles y es muy difícil que exista una cláusula contractual que regule qué hacer ante esta situación.

Claves legales para los arrendamientos de locales

Una vez realizado lo anterior, esta cuestión nos permite utilizar una doctrina jurisprudencial, no recogida en nuestra legislación, que puede resultar útil para dar respuesta a la duda planteada, con la finalidad de preservar la relación contractual que existe entre las dos partes, arrendador y arrendatario de un local de negocio. Esta doctrina, que sirve para dar una respuesta jurídica a un supuesto de excesiva onerosidad sobrevenida, es la denominada doctrina de la cláusula “rebus sic standibus” (Sentencias TS de 15 de octubre y de 30 de junio de 2014, 24 de febrero y de 30 de abril de 2015 y de 18 de julio de 2019).

La cláusula rebus sic stantibus, de uso por lo general sumamente restringido, puede ser invocada ante situaciones sobrevenidas radicalmente imprevisibles que alteren significativamente la base del negocio. La aplicación de esta doctrina exige que se den una serie de requisitos que han sido identificados por la jurisprudencia a lo largo del tiempo. Entre esos requisitos, los más reiterados son los que figuran a continuación:

Que se haya producido un cambio imprevisto de las circunstancias.

Que el cambio de las circunstancias sea posterior a la conclusión del contrato.

Que el cambio de las circunstancias tenga un cierto carácter de permanencia.

Que se produzcan dificultades extraordinarias (pero no imposibilidad) en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Que se trate de contratos de larga duración, tracto sucesivo o con obligaciones futuras.

Que la excesiva onerosidad sobrevenida no le sea imputable al deudor

Que no se trata de contratos de riesgo.

Los efectos de la aplicación de esta doctrina, cuando se ha admitido, han sido los de autorizar la finalización del contrato (regla excepcional) o los de modificar o revisar el contenido del contrato, solución ésta preferida por la doctrina y por la mayoría de las decisiones de los tribunales.

Real Decreto para el cierre forzoso de locales de actividades

Es el caso que nos ocupa, en el que la estrategia gubernamental ha decretado el cierre forzoso de los locales de actividades en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y ha interrumpido el aprovechamiento del local sobre el que se fundamenta el contrato de arrendamiento. Como consecuencia de lo anterior, se ha producido una desproporción exorbitante entre las partes contratantes, resultándole muy difícil o imposible a la parte arrendataria cumplir con la obligación del pago de los arrendamientos de locales al haber quedado su actividad abruptamente interrumpida.

Se puede entender justificado que el impacto que ha ocasionado la pandemia COVID-19 y las medidas que el Gobierno ha adoptado como consecuencia de la misma, hechos imprevisibles, inevitables y sobrevenidos, han alterado de forma muy significativa las circunstancias en las que se firmaron el contrato inicial de forma que existe un desequilibrio contractual entre las prestaciones que debe cumplir cada parte. Las medidas que se solicitan vienen a corregir este desequilibrio. Estas medidas van desde solicitar la suspensión temporal del contrato hasta pedir una reducción de la renta o bien su aplazamiento.

Otros argumentos que se citan para buscar soluciones con los arrendados son la buena fe contractual (artículos 7 y 1258 Código Civil) y de equidad (artículo 3.2 Código Civil) que debería imperar en las relaciones jurídicas.

En la práctica lo que está sucediendo es que, ante las peticiones de los arrendatarios fundamentadas en la doctrina explicada, los arrendadores están aceptando entrar en negociaciones y buscar soluciones temporales que varían entre las que hemos comentado.

Contrato de finalización de alquiler: indispensable

Tue, 03 Dec 2019 18:00:59 GMT

Al finalizar un contrato de alquiler, aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos no establece la obligación, es importante, tanto para la parte arrendadora como para la parte arrendataria suscribir un contrato de rescisión de arrendamiento en el que se dispone la finalización del mismo y sirve como garantía para que se cumplan las obligaciones que pueden quedar pendientes al finalizar el contrato (devolución de la fianza, pago del último mes de la renta, pago suministros, etc.).

Existen dos tipos de contratos principales para finalizar el contrato de alquiler:

El contrato de finalización de arrendamiento con liquidación de la fianza

En este primer contrato se acuerda que el arrendatario desaloja el inmueble y su fecha dejándolo a disposición del arrendador haciéndole entrega de las llaves.

En él también se hace constar si en el inmueble hay o no desperfectos y se liquidan las siguientes obligaciones:

Fianza y garantías complementarias por parte del arrendador
Recibos de renta pendientes por parte del arrendatario
El valor económico al que ascienden los desperfectos, renunciando el arrendador a reclamar cantidades futuras en relación con posibles desperfectos del inmueble.
Pago de suministros por parte del arrendatario
Si la finalización del contrato fuera por desistimiento anticipado y hubiera lugar a indemnización aquí se calcularía el abono de la indemnización del arrendatario al arrendador.

En el mismo contrato una vez liquidadas las obligaciones las partes acuerdan compensar las cantidades adeudadas recíprocamente y arrendador o arrendatario (según cada supuesto en concreto) tendrá un saldo a su favor.

Finalmente se hace constar que ambas partes dan por extinguido el contrato y quedan saldadas y finiquitadas de sus respectivas obligaciones, sin no tener nada más que reclamarse del contrato de arrendamiento.

El contrato de finalización de arrendamiento con retención de fianza

En este segundo contrato se acuerda que el arrendatario desaloja el inmueble y su fecha dejándolo a disposición del arrendador, haciéndole entrega de las llaves. Se realiza la misma liquidación que en el contrato anterior pero con la diferencia que los desperfectos no se cuantifican en el momento, sino que se acuerda que ante la imposibilidad de valorar a cuanto ascienden las reparaciones o compra de nuevos bienes muebles, la parte arrendataria escogerá a un profesional para que los cuantifique mediante un presupuesto oficial donde se indique el coste para la subsanación de los mismos.

Normalmente el arrendatario tiene un plazo máximo de 15 días para presentar los presupuestos al arrendatario y este ha de aceptar hacerse cargo del coste -en caso de controversia se recomienda que se sometan a mediación para intentar llegar a un acuerdo- aún cuando este supere el importe de la fianza (y garantía complementaria, si la hubiera).

En este contrato se especifica que el arrendador puede retener la fianza hasta que se cumplan de manera integra las obligaciones por parte del arrendatario. Una vez las obligaciones pendientes ya están cuantificadas, se da un plazo de unos 5 días para que el arrendador abone al arrendatario, si existiera, el remanente de las garantías depositadas por el arrendatario al inicio del contrato, y en caso negativo, que el arrendatario abone al arrendador el importe correspondiente a la cuantificación de desperfectos y demás liquidaciones (pago de renta, pago de suministros, desistimiento anticipado) una vez descontadas las garantías.

¿Por qué es importante firmar la finalización de un contrato de alquiler?

Finalmente en este contrato también se hace constar que ambas partes dan por extinguido el contrato y quedan saldadas y finiquitadas de sus respectivas obligaciones, salvo las enumeradas con anterioridad.

Es importante y beneficioso tanto para arrendador como para arrendatario suscribir este tipo de contratos al finalizar el arrendamiento porque es la herramienta que asegura que se cumplan las obligaciones que contraen cada uno de ellos (devolución de fianza, extinción del pago de la renta, extinción del uso del inmueble, pago de suministros del último mes, etc.) otorgando seguridad jurídica a ambos firmantes.

Elisabet Gratti
elisabet@aurisadvocats.com

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La importancia de la aprobación judicial del convenio regulador

Thu, 07 Nov 2019 07:38:22 GMT

El convenio regulador de divorcio o de guarda y custodia y alimentos es el documento que contiene los pactos que alcanzan los progenitores de mutuo acuerdo sobre sus aspectos personales y los de sus hijos menores (plan de parentalidad) y patrimoniales y que regirán después del divorcio o separación. En este articulo hablaremos sobre la importancia de tener la aprobación judicial sobre el convenio.

Muchos progenitores se separan de mutuo acuerdo y acuerdan verbalmente cómo será la guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas, pago de pensión de alimentos, atribución del uso de la vivienda, etc.

Pero para que este acuerdo produzca plenos efectos, si con posterioridad uno de los dos progenitores lo incumple, y el otro pueda reclamar vía judicial, es imprescindible que se de la aprobación judicial.

Eficacia de la aprobación judicial del convenio

Por eso es importante que una vez ambas partes alcanzan de mutuo acuerdo todos los pactos personales, sobre los hijos y patrimoniales, que estos se redacten, y posteriormente se presenten junto con la demanda de mutuo acuerdo de divorcio o de guarda y custodia ante el Juzgado y una vez, el Juez y Ministerio Fiscal aprecien que los acuerdos adoptados no son perjudiciales para ninguna de las partes ni para con los menores, sea aprobado judicialmente.

Una vez recibimos la aprobación judicial del convenio regulador tendrá la misma eficacia ejecutiva que una resolución judicial y si alguna de las partes lo incumple, la otra podrá promover una demanda de ejecución forzosa para que se obligue a la otra parte a su cumplimiento (como por ejemplo por impago de la pensión de alimentos, por incumplimiento del régimen de visitas, etc.).

También te recomiendo este artículo sobre Modificaciones en el convenio regulador de divorcio .

E lisabet Gratti
elisabet@aurisadvocats.com

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¿Es obligatorio vacunar a nuestros hijos?

Tue, 17 Sep 2019 06:29:40 GMT

Desde hace varios años, uno de los temas que sigue suscitando mucha polémica es el siguiente: ¿es obligatorio vacunar a nuestros hijos?

Actualmente en España, igual que en la mayor parte de países europeos y americanos, la legislación determina que no es obligatorio vacunar, a no ser que se dé una circunstancia muy puntual y siempre bajo la decisión de un juez.

Cuando la opinión de los padres es contraria

La cuestión se complica cuando los progenitores no tienen el mismo parecer sobre ello, y uno de ellos decide que los hijos menores han de vacunarse y el otro que no.

Ante dicha controversia, la Audiencia provincia de Pontevedra ha sido la última en emitir un fallo, ratificando el del Juzgado de Primera Instancia de Vigo que concedía al padre de dos menores de 7 y 11 años «la facultad de decisión sobre la vacunación de sus hijos conforme al Programa y calendario gallego de vacunación infantil ».

El magistrado basa su sentencia en que la negativa de la madre carece de avales científicos, mientras que el calendario de vacunación «obedece a estudios e informes científicos que buscan una mejor protección de la población y no a meras arbitrariedades o errores».

«Favor filii» o interés superior del menor para vacunar

Se destaca del auto la continua remisión al “favor filii” o interés superior del menor, y dicho Tribunal entiende que se ha de tratar de indagar cuál es el verdadero interés del menor, aquello que resultará más beneficioso para los hijos, no solo a corto plazo, sino en el futuro y en el tema de la vacunación de los menores no cabe duda que ante toda la documentación publicada por la OMS, se llega a concluir que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional y que por lo tanto prima la salud de los menores ante la negativa del progenitor que era contrario a ellas (por razones religiosas, médicas o filosóficas).

Elisabet Gratti
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Bodas ante notario: alternativa a la boda en el Registro Civil o Ayuntamientos

Tue, 21 May 2019 17:07:15 GMT

Desde el año 2015, tenemos la opción de celebrar bodas ante notario ya que están capacitados para celebrar matrimonios civiles de la misma manera que hasta esa fecha lo hacía y puede seguir haciéndolo un juez del Registro Civil, un alcalde o un concejal (Disposición transitoria cuarta Ley Jurisdicción Voluntaria).

Pero para la celebración de bodas ante notario ha de tramitarse con anterioridad el expediente matrimonial ante el Registro Civil. Este trámite debe iniciarse siempre en el Registro Civil del municipio donde esté domiciliado o tenga su residencia habitual uno o los dos futuros contrayentes. Si están domiciliados en poblaciones diferentes podrán elegir la que más les convenga.

La documentación a aportar para que el Registro inicie el expediente matrimonial para celebrar bodas ante notario es la siguiente:

Solicitud de matrimonio (facilitada por el Registro Civil).
Fotocopia del DNI de ambos, o si procede, del pasaporte o de la tarjeta de residencia, y del libro de familia en caso tener hijos comunes.
Certificado literal de nacimiento actualizado y expedido por el Registro Civil de la localidad de nacimiento de ambos.
Certificado de empadronamiento con fecha de emisión inferior a tres meses.

El mismo día en que se aporta de manera presencial toda la documentación se señala a través de providencia dictada por el Juez encargado, día y hora para que los futuros contrayentes comparezcan en el Registro Civil con los originales del DNI, del pasaporte o de la tarjeta de residencia para que manifiesten bajo declaración jurada su estado civil. Será necesario que los acompañe una persona mayor de edad que los conozca (puede ser familiar o amigo) que tendrá que testificar sobre la veracidad de los extremos contenidos en el escrito de la solicitud.

Posteriormente el juez encargado del Registro Civil es quien dicta la resolución del expediente quedando autorizada la celebración del matrimonio por Notario.

El tiempo de espera entre la declaración jurada de los contrayentes y la expedición del expediente matrimonial es de un mes.

Una vez el expediente matrimonial ya está tramitado se puede acudir al Notario para celebrar la boda.

A la ceremonia en la notaría hay que acudir con 2 testigos mayores de edad como mínimo.

Celebrada la ceremonia, se deberá inscribir el matrimonio en el Registro Civil. Este trámite lo realizará el mismo notario. La inscripción es obligatoria para certificar el matrimonio legalmente y una vez se completa los cónyuges ya pueden obtener el libro de familia.

Elisabet Gratti
elisabet@aurisadvocats.com

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Pensión de alimentos a los hijos mayores de edad ¿cuándo se extingue?

Tue, 05 Feb 2019 18:22:28 GMT

Es evidente que cuando un menor de edad que recibe una pensión de alimentos llega a su mayoría de edad no puede darse la extinción automática de la misma, pero también e s indudable, y así lo ha manifestado el Tribunal Supremo, que está pensión no puede tener un carácter indefinido (siempre que no exista una discapacidad).

¿Qué dicen las leyes sobre la pensión a la mayoría de edad?

Tanto la jurisprudencia como la redacción del art. 237.1 del Código Civil de Cataluña son muy claros, por una parte el art. 237.1 CCCat expone que se “entiende por alimentos todo cuanto es indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimentada, así como los gastos para la formación si esta es menor y para la continuación de la formación, una vez alcanzada la mayoría de edad, si no la ha terminado antes por una causa que no le es imputable , siempre y cuando mantenga un rendimiento regular .

Por otro lado, la jurisprudencia de TS en su STS 395/2017, de 22 de junio de 2017, establece que “ la no culminación de estudios por parte del joven es por causa imputable a su propia actitud, dado el escaso aprovechamiento manifestado de forma continuada, pues no se trata de una crisis académica coyuntural derivada del divorcio de los padres. De lo actuado se deduce que el hijo mayor de edad reunía capacidades suficientes para haber completado su formación académica, debiéndose las interrupciones y la prolongación en el tiempo a su escasa disposición para el estudio. Tampoco consta intento de inserción laboral.”, teniendo los mismos argumentos en las Sentencias del Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 2016 y de 21 noviembre de 2014.

Ejemplos dónde se procede a la extinción de la pensión de alimentos

Por lo tanto, siempre estudiando el caso concreto, procederá la extinción de la pensión de alimentos por falta de rendimiento académico de los hijos mayores de edad si de manera objetiva puede demostrarse abandono, vagancia y falta de aprovechamiento en los estudios o un tiempo excesivamente largo para acabarlos (AP de Cantabria de 14 de marzo de 2017).

También procederá en los casos en que el hijo esté capacitado para acceder al mercado laboral por su edad y excelente formación académica (STS 17 de junio de 2015).

Otro supuesto que originaría la extinción sería cuando el hijo esté percibiendo ingresos suficientes y superiores a la cuantía establecida en concepto de alimentos, pudiéndose en este caso, declararse la extinción de manera retroactiva al momento de interposición de la demanda de modificación de medidas (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de abril de 2016).

El procedimiento p ara llevar a cabo dicha extinción sería la interposición de demanda de modificación de medidas por parte del progenitor obligado a su pago por sentencia firme .

¿Tienes dudas acerca de tu caso? Puedes utilizar nuestro formulario de contacto AQUÍ .

Elisabet Gratti
elisabet@aurisadvocats.com

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Pensión compensatoria ¿temporal o vitalicia?

Mon, 18 Jun 2018 17:14:13 GMT

La pensión compensatoria es la que recibe uno de los cónyuges cuando ha habido una situación de desequilibrio económico al producirse la ruptura matrimonial.

Está regulada en los artículos 233.14 y siguientes del Código Civil de Cataluña . (CCCat).

Esta pensión puede ser temporal o vitalicia y se estipula en el convenio regulador o si no hay acuerdo, la estipula el juez atendiendo a los criterios que la ley establece.

Pensión compensatoria temporal

De un tiempo a esta parte el legislador ha impuesto la tendencia de limitar las prestaciones compensatorias en el tiempo estableciendo su percepción durante un período determinado -de unos tres años-, ya que entiende que es tiempo suficiente para que el cónyuge al que la separación o divorcio le ha producido una situación de desequilibrio económico para con el otro ex-cónyuge, se haya podido recuperar.

La pensión compensatoria temporal se produce porque:

Un gran número de los divorcios y separaciones se convierten en matrimonios de corta duración donde la ruptura sucede en edad joven donde normalmente ambos cónyuges trabajan o si uno de los cónyuges no lo hace, su reinserción en el mundo laboral es posible por la edad en la que se encuentra. Se entiende que la prestación sirve como una ayuda para poder recuperarse de la situación de desequilibrio temporal y para reincorporarse progresivamente al mercado laboral.
El beneficiario / a de la prestación compensatoria contrae nuevo matrimonio o convive con otra persona y es una de las causas por las que se extingue la prestación (art.233.19 b) CCCat).

Adicionalmente, el Tribunal Supremo también ha indicado que la fijación de la pensión compensatoria temporal no es un imperativo legal y se debe tener en cuenta para determinar su duración ciertos aspectos como pueden ser:

la edad de su beneficiario/a.
la realización de tareas en la casa en detrimento de recibir una retribución trabajando fuera de la misma.
la duración de la convivencia.
el estado de salud.

Pensión compensatoria vitalicia

Encontramos sentencias de los Tribunales en que se determina que la prestación compensatoria no se puede limitar en el tiempo,justificándolo en la larga duración de la convivencia (más de 31 años), durante los cuáles, además, la beneficiaría no realizó ninguna actividad laboral, dedicándose a la atención de la familia ( STS 657/2016 de 10 de noviembre de 2016 ), o bien en el caso en que, ante la imposibilidad de poder superar el desequilibrio económico causado por un matrimonio con una convivencia muy larga en el tiempo cuando la beneficiaría nunca trabajó fuera de la casa (STS 34/2017) donde el legislador otorga a la beneficiaria de la misma una prestación compensatoria vitalicia.

Conclusión, ¿pensión compensatoria temporal o vitalicia?

Para poder determinar si la prestación compensatoria debe ser temporal o vitalicia se debe tener en cuenta la situación personal de los dos cónyuges cuando se produce la ruptura matrimonial, primando en el caso de las vitalicias la imposibilidad por parte del beneficiario de poder superar el desequilibrio económico causado por el divorcio o la separación, situación que normalmente sucede en matrimonios de muchos años, donde la ruptura se da en edades avanzadas donde el cónyuge beneficiario nunca ha trabajado fuera de la casa.

Si necesitas obtener más información puedes contactar con nuestros abogad@s especializados en derecho de família a través de nuestro FORMULARIO DE CONTACTO .

Elisabet Gratti
elisabet@aurisadvocats.com

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